Luego del « embuste ordenado de una cierta derecha » -título del artículo publicado por República 21 el pasado 25 de abril- en contra del calendario constitucional, un sinnúmero de voces se han hecho oír desde los más diversos ámbitos del espectro político y social del país, en aras de lograr que se cumpla con la perspectiva del calendario constitucional, que le ha puesto fecha al único plebiscito programado en Chile en el transcurso del siglo 21.
De todas aquellas voces tal vez la más singular y destacada sea aquella de Ximena Ossandón, diputada de Renovación Nacional por la Región Metropolitana, que ha denunciado como, a través de ruidos de pasillos y de las redes sociales “la extrema derecha habla de que es imposible un plebiscito por el tema económico, ni siquiera por lo sanitario”, la misma extrema derecha sin dudas a la que designa Mario Desbordes el expresar que existe en ella “una falsa creencia de que para la ciudadanía no es importante una nueva constitución”, en circunstancias de que el proceso constituyente es “uno de los hitos más importantes de la historia republicana en 200 años”.
Y cierto es que los argumentos esbozados por miembros del gobierno, argumentos como vimos, susurrados a sus oídos por consejeros de la sombra, no resisten el más simple de los algoritmos que todo decidor público ha de haber diseñado para encarar con rigor los meses que se avecinan.
En efecto la crisis económica que aquejará a Chile durante el próximo mes de octubre, y esto no es un secreto a voces, cuenta desde ya con el carácter de ineluctable pues aparece como establecido que el país sufrirá este año una caída del 3% de su crecimiento económico.
Ante este argumento económico, ostentado por el mismo presidente Piñera en entrevista a CNN en español, Ximena Ossandón esbozó pistas de racionalidad económica que debieran permitir compatibilidad entre el calendario constitucional y la realidad económica del país: utilizar las papeletas ya impresas o volver a un sistema de vocales sin retribución.
Por lo demás, como lo subraya el abogado constitucionalista Javier Couso, las crisis económicas constituyen “buenos momentos para debatir grandes problemas constitucionales”, ello a raíz de que los períodos de incertidumbre económica canalizan las proyecciones de los individuos, que resultan mas convergentes, de modo que la circunstancia específica que atraviesa el mundo, y que no estaba anticipada en la época del estallido social, puede ser aprehendida como una oportunidad adicional para desdibujar consensos de mayor amplitud.
El argumento garrafal del escenario económico para eludir el plebiscito en realidad no resiste análisis y parece a todas luces improcedente. Países con niveles inferiores de PIB organizan regularmente elecciones y el ejercicio democrático no puede estar supeditado a los clubes del G7 o del G20 pues justamente ese mismo ejercicio es el que logra organizar los diferentes estamentos de una sociedad para hacer legítimo y perenne su senda de desarrollo y crecimiento.
Sin embargo parece necesario, en tiempos de coronavirus y de polémicas sanitarias, hacer atendible la necesidad de postergar nuevamente, por razones sanitarias, la fecha del plebiscito pues éste constituye un ejercicio inédito de la historia republicana chilena que requiere desarrollarse –en palabras de Ximena Ossandón– sin “ningún atisbo” que permita restarle legitimidad.
El resultado claro y tajante que requiere la expresión del plebiscito no puede sufrir de la indecisión de algunos por salir, en circunstancias sanitarias eventualmente no controladas, a ejercer o no su derecho ciudadano de votar. La doble lectura que se intenta imponer, triunfalista por un lado –con la organización de estrategias de “retorno seguro” mal comprendidas y puestas en tela de juicio por el Colegio de Médicos entre otros, que apuntan a necesidad de evaluar en las « distintas localidades del país si las condiciones mínimas se dan para este retorno seguro”. Precaucionista
Si estas condiciones mínimas no existen, si en septiembre permanecen prohibidos los eventos masivos, pues habrá tiempo de revisar la oportunidad de un nuevo aplazamiento de la fecha del plebiscito.
Ello sin embargo requerirá un consenso transversal sobre el que no podrán existir sospechas de instrumentalización por parte de sectores que abusan al exceso del oído que les presta el presidente, y que quisieran sustituir el camino al plebiscito por un Congreso Constituyente, lo que constituiría un rapto impresentable para el Chile que aspira sencillamente a aportarle validación y legitimidad ciudadana a un marco constitucional de amplia envergadura liberal, un Chile que justamente observa con recelo la maniobra maximalista que consiste en apuntar a generar una Nueva Constitución nuevamente a espaldas de la ciudadanía.
