Clasificación Mundial de la Libertad de la Prensa: Chile en la retaguardia
La libertad de conciencia no puede existir sin el conocimiento de la realidad, es por ello que en 1948 las Naciones Unidas determinaron en el artículo n° 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que el derecho a « la libertad de opinión y de expresión » incluye en su seno el hecho de « no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras.
Es a partir de esa premisa que Reporteros Sin Fronteras (RSF), una organización independiente con sede en París, opera en más de 130 países con una red de secciones, oficinas y corresponsales que le permiten permanentemente interpelar, movilizar y acompañar a las más diversas regiones, ministerios u organismos encargados en sus respectivos países de elaborar las normativas ligadas a la prensa e Internet.
Y una de las herramientas desarrolladas por RSF justamente para denunciar prácticas informativas y despertar la atención de los ciudadanos es justamente la de organizar una Clasificación Mundial de la Libertad de la Prensa que mide el grado de libertad con que cuentan les medios de comunicación de 180 países, y que este año ha ubicado a Chile en el puesto n°51, un retroceso de 6 puestos en relación al índica anual anterior, muy lejos detrás del primer resultado sudamericano ostentado por Uruguay, que se ubica en la décimo-novena posición.
RSF cuenta hoy en día con un estatus consultativo ante las Naciones Unidas y de la Unesco, e incluso el Banco Mundial utiliza su clasificación para evaluar la situación del Estado de Derecho existente en un país, de tal modo que la nota exhibida por nuestro país no puede sino ser calificada de pésima.
Las explicaciones
Es curioso observar que el mejor de los rangos ostentados por Chile desde 2013, que es el rango n°31 otorgado por RSF el año 2016, permanece sistemáticamente peor que cualquiera de las posiciones observadas por Uruguay durante todo el período. Uruguay, que se ubicaba por lo demás en la vigésimo-séptima posición el año 2013, logra mejoramientos sistemáticos de su clasificación, contrariamente a Chile cuya evolución parece más bien inestable.
Y es que Chile, como lo menciona RSF en su recuento, “sigue siendo presa de problemas de corrupción y aún padece los resabios de la dictadura militar”.
RSF detecta efectivamente que Chile sufre de una fuerte concentración de la prensa, en la que falta pluralismo y limita gravemente el debate democrático en el país. Si bien se recalca el avance notable del acceso a la información a través de Internet, RSF insiste en que el marco jurídico en el que el desempeño de la actividad periodística se produce no garantiza el secreto de las fuentes, lo que de facto se ha traducido en mayores dificultades para abordar ciertos temas “como la corrupción de los políticos y las reivindicaciones de las comunidades Mapuches”.
Finalmente, RSF denuncia las agresiones que sufren a menudo los reporteros que cubren las manifestaciones, que carecen de protección y sufren de ataques intencionales.
La salida
En un informe especial de país 2016 sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Chile publicado por la Organización de Estados Americanos y redactado conjuntamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, esta última entidad recomendó al Estado chileno “fortalecer su marco legal a fin de garantizar de manera efectiva el derecho de las y los periodistas (en su sentido funcional) y medios de comunicación a proteger sus fuentes y asegurar que cualquier restricción a este derecho cumpla con las normas más estrictas, de conformidad con los estándares internacionales en la materia”.
La misma Relatoría insistía sobre la idea que “Chile debe asegurar que los funcionarios públicos (incluso de las Fuerzas Armadas) o individuos que expongan irregularidades, hechos de corrupción o violaciones de derechos humanos no sean objeto de retaliación por su denuncia y reciban protección legal contra sanciones legales, administrativas o relacionadas con el empleo, de conformidad con los estándares internacionales y las mejores prácticas”.
Es singular notar que en ambos párrafos aquí recopilados, que es pueden encontrar in extenso en el referido documento a través de este link, hacen referencia ni más ni menos que a “estándares internacionales y las mejores prácticas”.
¿Qué hace que Chile, después de treinta años de “normalidad democrática”, permanece en este rubro tan sensible como es el tema de la libertad de expresión, y de sobremanera después de haber sufrido in situ la arbitrariedad de una dictadura, tan lejos de los estándares internacionales?
¿Qué hace por lo demás que toda la institucionalidad histórica de Chile en el ámbito de la prensa parece no haber desplazado su centro de gravedad hacia una disposición más acorde con los estándares de las democracias liberales que fundamentan el espíritu republicano sobre el que Chile asentó sus cimientos, y permanece más bien atado “resabios de la dictadura militar”?
El sentido del estallido social sin dudas radica también en la incapacidad crónica del “establishment” a poner a nivel esta regulación básica de la libertad de opinión, expresión e información.
A modo de ejemplo, RSF observa en su reseña-país que Uruguay despenalizó los delitos de prensa y logró, a través de una ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en diciembre de 2014, regular la radiodifusión de los medios de comunicación comunitarios, garantizar el acceso a la información, favorecer el pluralismo de la prensa y crear un Consejo de Comunicación Audiovisual independiente del poder ejecutivo.
Ubicar a Chile dentro del pool de los veinte primeros países mejor clasificados en cuanto a Libertad de la Prensa constituye debe constituir un desafío alentador para las generaciones futuras.
